Una de las deudas más importantes con la justicia en México lo es sin duda la que se tiene con las víctimas de la brutal represión que se ejerció en el poblado de San Salvador Atenco en 2006, en donde la policía del Estado de México bajo el mando del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, atacó con violencia extrema a quienes protestaban contra la construcción de un nuevo aeropuerto en esa localidad del municipio de Texcoco, mismo emplazamiento en el que se proyectaba el NAICM cancelado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, a 14 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia a favor de que 11 mujeres que sufrieron tortura sexual y diversos malos tratos, reciban por fin algo de justicia, una reparación económica y garantías de no repetición.
La impunidad ha prevalecido y los mandos del operativo peñanietista siguen ocupando cargos en diversas instancias de poder, por lo que ahora la exigencia es que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, medida que ha sido impedida por las autoridades del aún priista Estado de México.
Sobre esto informa la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH), Sofía de Robina, en esta entrevista con Luisa Cantú en La Octava.
Cristina Sada Salinas
Regiomontana, apasionada por la comunicación, en la busqueda de construir opciones de participación ciudadana, para hacer frente a la corrupción del poder político y económico de México.
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