Apoyar privatización de la CFE es no conocer lo que es el “libre mercado” en México

Por Cristina Sada Salinas

La presente semana estuve publicando diversas notas periodísticas, análisis y videos sobre la reforma eléctrica que se está planteando ante el poder legislativo en México, así como sobre la postura del gobierno de la 4T respecto a las políticas que en el mundo entero se están perfilando para combatir el calentamiento global, en el contexto de la cumbre sobre el cambio climático (COP26) que en estos días reúne a líderes mundiales en Glasgow, Escocia.

De entre todos los datos que se han manejado en la discusión sobre la reforma eléctrica me impactó el de que en México el 60 por ciento de la generación de energía eléctrica está en manos de empresas privadas a partir de la llamada “reforma energética” concretada bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (leer); así como me impactó también que muchos empresarios y personas que considero pensantes apoyen la privatización, incluso total, de la Comisión Federal de Electricidad.

En lo personal estoy en contra de entregar a manos privadas el control de la energía eléctrica, y creo que quienes están a favor de la privatización no conocen lo que es “el libre mercado” en México, que no es otra cosa que monopolios disfrazados mediante alianzas entre las grandes empresas que manejan los productos “competitivos” y que dejan a la población indefensa.

Conozco de cerca el caso de las cuatro gigantes empresas siderúrgicas mexicanas privadas, que sin recato se dividen el mercado sin permitir ninguna competencia, o sea, un monopolio de facto que se asigna a sí mismo sectores de ese mercado, tal cual lo hacen los cárteles de la droga que en algunos periodos “amablemente” se ponen de acuerdo en el reparto de sus territorios de influencia.

Así de sencillo.

La discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone revertir esta situación, no para estatizar, “nacionalizar” o expropiar a las empresas privadas generadoras de electricidad, sino simplemente para regresar la rectoría del Estado sobre este sector estratégico. Así lo explica el propio presidente: ““Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, es para impulsar el desarrollo de México” (ver).

Y más allá de que la discusión legislativa de esta reforma se aplazó para el año entrante —según voces opositoras como el diario Reforma debido a presiones del gobierno de Estados Unidos (nota), y según los legisladores de MORENA para ampliar la discusión e incluir a los grandes empresarios (nota)—, estoy convencida de que AMLO comprende la importancia de no depender exclusivamente de los privados en este tema vital para la economía del país, pues las consecuencias de la privatización a ultranza pueden ser muy graves, como se está viendo ahora en España con una escalada de precios de la energía sin precedentes (ver), y como nos pudieran contar quienes en febrero de este año vivieron en Texas el desastre de un corte masivo de energía que duró varios días, dejando sin electricidad a más de 5 millones de personas y causando pérdidas económicas incalculables, así como más de 20 personas muertas (nota). Así de “generosas” son las compañías privadas. Muchos paisanos mexicanos de altos ingresos quedaron atrapados en esta crisis en Texas al haber ido a vacunarse. Pagaron el precio de estar en un país que vela por los capitalistas más poderosos, antes que por sus ciudadanos de a pie.

Intento ver aciertos y desaciertos del actual gobierno de México y expongo mi apoyo y mis críticas en mis espacios de redes sociales, pero en este caso en concreto respaldo el control del Estado en el tema energético, por ser indispensable para nuestra soberanía, que no es mucha, para que nadie pueda apagar un switch y tronar al país en 48 horas.

Aprovechemos que esta discusión se aplazó y sigamos estudiando el tema, y sigamos en diálogo respetuoso, que es la única manera de construir ciudadanía y forjar un país mejor.