Jueza de Control de la CDMX niega acceso a la justicia a dos niñas violentadas sexualmente

Por. J. Jesús Lemus

En exclusiva para cristinasada.com

Otra vez el sistema judicial mexicano da muestras de su inoperancia: una jueza de la Ciudad de México negó el acceso a la justicia a una madre y a sus dos hijas menores, éstas víctimas de violencia sexual; la Jueza de Control, pese a la evidencia existente, decidió no llevar a juicio al agresor de las dos menores porque consideró que hay “insuficiencia de pruebas”.

El caso en cuestión es el de dos menores, una de cinco años y la otra de siete, hijas de Mariel Albarrán, quienes fueron violentadas sexualmente en forma rutinaria por su padre, el exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López, el cual, por sus relaciones dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha manipulado a su favor el aparato de procuración y administración de justicia.

De acuerdo a la denuncia penal del 23 de septiembre del 2019, presentada por Mariel Albarrán ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las dos menores fueron violentadas sexualmente por su padre en repetidas ocasiones, de lo cual existen los testimonios de las dos víctimas en audios y ante autoridades oficiales, así como peritajes oficiales y privados contenidos en la carpeta de investigación CI/FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019.

Dichos peritajes refieren que las dos menores fueron sometidas a violencia sexual por su progenitor, mismo que abusó de ellas con tocamientos indecentes. También existen informes especializados que revelan una penetración de dedos, vía vaginal, que además de causar un daño físico en las dos niñas, también dejaron secuelas psicológicas y emocionales visibles y constantes al día de hoy.

Sin embargo, esto fue desestimado por la jueza Luz Elena López Padilla en la audiencia del pasado jueves 22 de abril. Aludió la juzgadora al criterio de “situaciones de poder”, estableciendo —por increíble que parezca— que en el caso de la violencia sexual ejercida contra las dos menores, no se advierte una situación de poder que dé cuenta de un desequilibrio de dicho poder entre las partes, dejando establecida la existencia de igualdad entre las dos víctimas y su agresor.

Jueza a modo

“Eso es inconcebible —explicó Mariel Albarrán, en entrevista—. No es posible que para la jueza Luz Elena López Padilla, que alude a una jurisprudencia de Perspectiva de Género, hayan estado en la misma condición de poder dos niñas, una de cinco y otra de siete años de edad, frente a un hombre adulto, ex magistrado”, que además pudo hacer valer su autoridad de ser el padre de las dos.

Pero sí. Sí fue posible: la jueza López Padilla, tras una audiencia de cinco horas, terminó por ratificar lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había determinado el 13 de marzo de este año, cuando se decidió, y se anunció en un comunicado oficial, el “No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control”.

Con la decisión de la jueza Luz Elena López Padilla, de sobreseer el caso de las dos niñas violentadas —considera la madre de las víctimas—, se establece un antecedente muy peligroso en la Ciudad de México, el que podría afectar en el futuro a otras víctimas de este delito, en donde la comparsa entre juzgadores y agentes del Ministerio Público garanticen mediante la manipulación de las carpetas de investigación la impunidad a los agresores sexuales.

Manipulan las pruebas

Y es que en el caso de las hijas de Mariel Albarrán es evidente la manipulación que se hizo de los contenidos de la carpeta de investigación, pues de acuerdo a su propia versión, muchas de las pruebas fueron tergiversadas para favorecer al agresor, entre las que destaca la transcripción de los audios testimoniales de las dos niñas.

La prueba más clara de la manipulación de los contenidos de la carpeta de investigación es la que refiere a un audio cuya trascripción no se ajusta a la realidad. En el audio original de una llamada grabada por Mariel Albarrán se escucha a su hija de cinco años llorando y suplicando. Textualmente le dice: “Mamá, ven por mí. No puedo estar feliz”, pero en la transcripción de la Fiscalía, ese reclamo de ayuda se convierte en una aseveración, que literalmente se transcribe como: “Mamá, quiero que seas feliz”.

La manipulación de la transcripción de los audios testimoniales de las niñas queda en mayor evidencia cuando se contrasta la versión estenográfica lograda por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, frente a la transcripción hecha por el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las que son distintas en palabras claves que cambian diametralmente el sentido de las frases.

Aun así, con esa evidencia, la jueza Luz Elena López Padilla se negó a dar vista de ese hecho al Agente del Ministerio Público, a fin de que se indagara sobre las diferencias sustanciales de las trascripciones logradas a partir de un mismo audio testimonial.

Y no solo eso, el agente del Ministerio Público que tuvo a cargo de la carpeta de investigación, también tomó la determinación unilateral de retirar como elementos de prueba una serie de reclamos de auxilio que en diversas ocasiones las dos menores patentaron a la señora Mariel Albarrán, en diversos momentos en que pudieron establecer comunicación vía telefónica.

Ocultan pruebas

A esto también se suma que el Agente del Ministerio Público no consideró otros datos que constan dentro de la carpeta de investigación y de las cuales tuvo conocimiento la jueza López Padilla, entre ellas una serie de entrevistas hechas a las dos niñas, en donde ambas, pero cada una por su parte, refieren la forma en que fueron abusadas sexualmente.

También, explicó Mariel Albarrán, el Agente del Ministerio Público ocultó los informes del CTA (Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas), en donde se establece de manera fehaciente que las dos menores presentan lesiones físicas, emocionales y psicológicas, propias de una víctima de violación.

Durante la audiencia en donde la jueza López Padilla terminó por desechar la posibilidad de llevar ante un juez al imputado Manuel Horacio Cavazos López, por los delitos de violación equiparada en contra de sus propias hijas, la madre de las menores víctimas leyó el testimonio que fue narrado por una ellas ante especialistas del CTA.

En dicho testimonio, la victima menor de cinco años, de manera cruda, narró: “no quiero hablar de lo que la otra vez te dije, porque me da vergüenza; la otra vez dije que fue una vez que mi papá me revisó… pero fueron muchas veces. Todas las veces mi papá hizo mal en ponerme crema rosada en mi vaginita. Metió el dedo hasta adentro y movía mucho los dedos”.

Desoyen informes periciales

Aunado a ese testimonio, la madre de las niñas también leyó ante la jueza de control la conclusión a la que llegó la especialista en atención a víctimas de violación del CTA tras la valoración de la menor. Dicha conclusión es demoledora: “Derivado de la intervención psicoterapéutica individual en la niña de identidad reservada, se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión”. Al final del informe del CTA, que se expuso ante la jueza, se considera como conclusión recomendatoria que es “de suma importancia evitar que la niña de identidad reservada tenga contacto alguno con la persona que la ha agredido sexualmente”, dejando establecido que la agresión sexual sí ocurrió.

Lo mismo se alude en el caso de la niña hoy de ocho años, de la que la especialista refiere que, tras la entrevista de valoración, la menor “al hablar de una posible agresión sexual, se identificó evasión, ansiedad y angustia”, pero finalmente se logró que la niña externara que su padre le tocó su cuerpo, estableciendo también la conducta atípica que soporta el delito de violación equiparada.

De acuerdo a la versión de la madre de las menores, en el caso de su hija de siete años, fue muy difícil que ella terminara por externar que su padre la tocó indecentemente, esto luego que una perito de la Fiscalía le manifestó que su padre podría ir a prisión si ella externaba el hecho. Sin embargo, luego de más de un año y medio y de una serie de terapias psicológicas, la niña decidió abrir nuevamente el tema de la violencia sexual y explicar cómo fueron los hechos.

Los testimonios de las dos víctimas de agresión sexual fueron omitidos en la audiencia por el agente del Ministerio Público, y aun cuando estas versiones fueron leídas textualmente por la madre de las victimas ante la juez Luz Elena López Padilla, ésta finalmente terminó por ignorar el reclamo de justicia.

No todo está dicho

El argumento central de la resolución que, luego de cinco horas de audiencia, fue sostenido por la juez de control, fue que nadie pone en duda el testimonio de las víctimas, que han sido consistentes, pero que por el interés superior de las menores y ante la falta de evidencias, al considerar que no alcanzaban los datos de prueba, ella determinaba cerrar allí mismo el caso para no prolongar más la angustia de las menores.

La decisión de la juez, que en apariencia ve por las menores, en realidad es una revictimización de las dos niñas, a las que se les ha negado el acceso a la justicia, razón por la que la parte ofendida, representada por la señora Mariel Albarrán y sus asesores jurídicos, han decidido combatir la sentencia de sobreseimiento con un juicio de amparo ante un juzgado de Distrito; es decir, ante instancias federales.

Este capítulo aún no se cierra, dijo Mariel Albarrán, quien no pierde su esperanza en alcanzar justicia para sus hijas. Dijo que habrá que esperar la resolución del amparo, a afecto de que regresen la carpeta de investigación y Manuel Horacio Cavazos López enfrente un juicio y rinda cuentas como es debido por los delitos cometidos. Las determinaciones que existen hasta el momento tanto de la Fiscalía General de Justicia como del Tribunal Superior de la CDMX han sido encaminadas a evitar que se formalice la investigación y dichos datos de prueba sean presentados y defendidos en un juicio.