Radiografía de un calvario: sin justicia, dos niñas violadas; la madre, con tres denuncias por hacer la denuncia; el agresor, impune

Por. J. Jesús Lemus

Cuando Mariel Albarrán conoció y se enamoró de su maestro Manuel Horacio Cavazos López, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde cursaba la especialidad en Sistema Penitenciario y Reinserción Social, nunca imaginó que aquel idilio terminaría en un calvario, pidiendo justicia para sus dos hijas víctimas de violación equiparada a manos de su esposo.

La pesadilla de Mariel Albarrán ha ido en una espiral ascendente, no solo por enfrentarse a una red de poder que acapara la impartición de justicia en la Ciudad de México y que parece infranqueable, sino porque ella misma hoy cuenta con tres denuncias que mañosamente le han abierto para que se desista en su intención de justicia para ella y sus dos hijas de siete y ocho años de edad.

El caso de las hijas de Mariel Albarrán no es distinto al de cientos, miles de mujeres que en México reclaman acceso a la justicia tras ser víctimas de delitos sexuales. Y es que en nuestro país el trato judicial a las víctimas de este tipo de delitos deja mucho que desear: “a las víctimas se les suele tratar con recelo, apatía y falta de respeto”,[1] según reconoce la maestrante en trabajo social, Andrea Xóchitl López Valdez.

De acuerdo a López Valdez, se estima que en México cada cuatro minutos una niña o mujer es violentada sexualmente, y solo en pocos casos —uno de cada diez— los hechos son denunciados ante las instancias judiciales, lo que hace que este delito sea uno de los que mayores cifras negras registran.

Lo anterior, porque la mayoría “permanecen en el silencio y en lo oculto e incluso en muchas ocasiones las víctimas jamás revelarán lo ocurrido en ningún momento de su vida y si llegan a hacerlo es poco probable que inicien un proceso legal”.[2]

México, el país de las agresiones sexuales

De acuerdo a las cifras oficiales sobre agresiones sexuales que exhibe públicamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo en enero del 2021, en todo el país se registraron 4 mil 240 delitos contra la libertad y la seguridad sexual (definidos jurídicamente como aquellos “actos sexuales, completados o intentados en contra de la voluntad de la víctima, o cuando ésta sea incapaz de consentirlo debido a su edad, enfermedad, incapacidad o influencia del alcohol o drogas”)[3], de los que —si atendemos a la aseveración de Andrea Xóchitl López Valdez— solo serían el 10 por ciento de todos los delitos que realmente fueron cometidos en ese renglón.

Es decir, solo en enero de este año, puede existir una cifra negra (o sea el número de agresiones sexuales no denunciadas) de delitos sexuales que llegaría a por lo menos 42 mil 400 víctimas de agresiones sexuales, delitos que en su mayoría jamás se conocerán, porque no existe confianza por parte de las víctimas para acudir ante la autoridad judicial y aspirar a que les imparta justicia.

Pero aun sin tomar en cuenta las cifras negras de los delitos sexuales que se reconocen en México, la cantidad de agresiones que se registran oficialmente son por demás elevadas; en nuestro país, desde hace por lo menos dos años, los índices de violencia sexual tipificados como acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto y otros que atentan contra la seguridad sexual, han venido en aumento en proporción de entre un 6 y un 12 por ciento cada mes.

Las cifras oficiales así lo revelan. En enero del 2021, de los 4 mil 240 delitos contra la libertad y la seguridad sexual que se registraron, mil 699 de ellos fueron tipificados como abuso sexual, 411 fueron por acoso sexual, 121 ilícitos fueron clasificados como hostigamiento sexual, 946 se tipificaron como violación simple, 324 fueron por violación equiparada, uno fue por incesto y 738 correspondieron a la clasificación de contra la seguridad sexual.

La ley…y el favor

En este contexto tan adverso, Mariel Albarrán decidió no quedarse callada ante la violencia sexual que sufrieron sus dos hijas. El 23 de septiembre del 2019 ella decidió acudir ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para interponer una denuncia penal contra Manuel Horacio Cavazos López, el que fue su esposo y es padre de sus dos hijas.

Con elementos de prueba Mariel señaló al padre de sus hijas como probable responsable de una serie de abusos sexuales cometidos contra las dos menores. Logró que se iniciara la carpeta de investigación CI/FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019, la que desde su origen fue manipulada para favorecer al agresor.

La carpeta de investigación iniciada por los ilícitos denunciados por Mariel Albarrán fue abierta por el delito de abuso sexual y no —como correspondía— por el de violación equiparada.[4] Y es que por abuso sexual, el Código Penal para la Ciudad de México establece una pena de dos a siete años de prisión, mientras que por violación equiparada se establece una sentencia de entre ocho a 20 años de cárcel.

En el caso de violación equiparada, según lo establece el artículo 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, la pena puede aumentar hasta dos terceras partes por la relación respecto de la víctima: “Parentesco de afinidad o consanguinidad” y cuando “el delito fuere cometido a bordo de un vehículo particular”.[5]

La razón por la que desde un inicio la carpeta de investigación fue manipulada, en cuanto a la tipificación de los delitos denunciados, no es difícil de deducir: el acusado, en ese momento era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y mantenía pleno control del aparato de justicia en esa demarcación.

Relaciones peligrosas

A ello se suma que el acusado de delitos sexuales, Manuel Horacio Cavazos López, tenía y a la fecha mantiene cercanía personal con actores políticos como Miguel Ángel Mancera, actual Senador de la República, y Gabriel Regino García, quien dirige el despacho jurídico que lleva a cabo la defensa del presunto agresor Cavazos López, y cuyo nombre fue mencionado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

De acuerdo a la declaración vertida en el juicio de “El Chapo”, por parte de los narcotraficantes Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García, “El Rey” y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, Gabriel Regino García, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, recibió millones de pesos en sobornos para permitir la operación del Cartel de Sinaloa en la Ciudad de México, cuando Marcelo Ebrard, hoy canciller del gobierno mexicano, fungió como Secretario de Seguridad Pública.

Diversos funcionarios de la Fiscalía General de la Ciudad de México aún se encuentran en sus cargos desde que Miguel Ángel Mancera Espinoza se desempeñó como Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, quien dio todo el apoyo al presunto agresor sexual para que fuera nombrado juez penal y, posteriormente, magistrado.

Por estas relaciones, estima Mariel Albarrán, es que al día de hoy no ha podido encontrar la forma en que se judicialice la carpeta de investigación contra Manuel Horacio Cavazos López, quien solo se encuentra suspendido de su función como magistrado, pero éste podría regresar a su labor luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, se ha negado a ejercer la acción penal en contra del acusado.

Se desiste la Fiscalía de la acción penal

De acuerdo a un comunicado de prensa, emitido por la Fiscalía de la Ciudad de México, el pasado 13 marzo del 2021, oficialmente se dio a conocer que esa dependencia determinó “el No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control”.[6]

Esa decisión se tomó, según se establece en el comunicado de prensa referido, luego de ponderar “en todo momento el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas. Pusimos a disposición de la denunciante los canales institucionales y permitimos el acceso abierto tanto a carpetas de investigación como a las diligencias realizadas”.

Sin embargo, eso dista mucho de la realidad, pues Mariel Albarrán como madre de las víctimas durante los últimos meses no tuvo acceso a la carpeta de investigación, y también fue privada en reiteradas ocasiones del derecho a ampliar entrevista y de audiencia, evitándole reunirse con la Fiscal Ernestina Godoy, con la que finalmente se pudo reunir apenas el pasado día 15 de los corrientes.

En este entramado de corrupción, que amenaza con dejar impune la agresión sexual de la que fueron víctimas dos menores de edad, hay por lo menos dos funcionarios que son señalados directamente por la madre de las víctimas: Daniel Osorio Roque, titular de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscalía y José Manuel Fuentes Cruz.

Este último, de acuerdo a la versión de Mariel Albarrán, es la persona que por amistad o conveniencia de otro tipo, desde un principio interfirió en la debida integración de la carpeta de Investigación, favoreciendo de esa forma al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien únicamente podría ser declarado culpable si la Fiscalía General de la República (FGR) atiende el caso.

Y para esto, para que la FGR ejerza la atracción del caso, hay elementos, según lo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en su Artículo 4, en donde refiere que la FGR tendrá la facultad de atraer casos del fuero común “…en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente”.[7]

Según refiere Mariel Albarrán, en entrevista para este reportaje, la Fiscalía actuó con dolo al negar el ejercicio de la acción penal contra el agresor de sus hijas, pues no se tomaron en cuenta las evidencias de los ataques contra las dos menores, las que quedaron integradas en la carpeta de investigación con pruebas contundentes que incluyen grabaciones de audio en donde incluso se escucha al agresor. Sabe Mariel que inicialmente fue objetado el no ejercicio de la acción penal, pero que por presión del jefe de Ministerios Públicos, Daniel Osorio Roque, dicha determinación se cambió a “No Ejercicio”.

En el legajo de casi dos mil hojas que recopila el ilícito proceder de Manuel Horacio Cavazos López contra sus dos hijas biológicas menores de edad, también se contiene un informe médico, dictámenes periciales de la Fiscalía, informes de la sintomatología de las víctimas, reportes clínicos y psicológicos independientes, pero sobre todo el testimonio de las niñas, las que en forma reiterada narran la forma en que fueron violentadas de manera continua y constante por su propio padre.

Ante la evidencia, la ausencia de la ley

El crudo testimonio de Mariel Albarrán no deja dudas de cómo fueron los ataques de Manuel Horacio Cavazos contra sus propias hijas, de lo que por efecto psicológico de la víctima —ella misma se reprocha “por no haberlo visto antes” —, cuando hubo señales que pasaron por alto, como “el hecho de que el agresor de mis hijas haya instalado una cama en el cuarto de juegos de las niñas”, dice atribulada.

Entre otras señales Mariel recuerda la sobreprotección que el agresor tenía sobre las niñas, “cómo si desconfiara de mi papel de madre”, razón por la que el agresor nunca dejó que las niñas estuvieran a solas con ella: “En realidad solo estaba tratando que las niñas no me contaran los ataques de que eran objeto”, concluye a la distancia de los hechos.

Las agresiones de las dos menores que fueron manifestadas por ellas mismas ocurrieron en la casa que habitaban, en un cine, en la camioneta antes o después de ir al colegio, un parque, y dentro de la misma casa del agresor. En repetidas ocasiones —se lee en los testimonios de las menores— que Manuel Horacio Cavazos les hacía tocamientos indecentes.

Los abusos fueron constantes, a grado tal que la mayor de las niñas comenzó a manifestar alteraciones del sueño. Tenía pesadillas en las que se despertaba gritando —según establece el testimonio de Mariel— diciendo “no me gusta que me hagas eso”.

Durante la práctica de las pruebas periciales, llevada a cabo por personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las dos menores presentaron evidencias físicas y psicológicas de las agresiones sexuales, incluso la mayor de las niñas identificó plenamente los sitios en donde su padre estacionaba la camioneta para cometer el abuso.

También existen dentro de la carpeta de investigación un reporte del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la misma Fiscalía y otro de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C., en los que se establece como recomendación concluyente que el presunto agresor no debe tener acercamiento y menos convivencia con las dos menores.

Pero eso no fue suficiente para la Fiscalía. Allí se concluyó que las niñas habían sido afectadas emocionalmente por los peritajes a que fueron sometidas y que en ellas se fermentó la idea ilusoria de que habían sido víctimas de ataques sexuales, refiriendo hechos que, a juicio de la Fiscalía, nunca sucedieron.

De victima a victimaria

En contraofensiva, tal vez a manera de presión para que desista de su reclamo de justicia, Mariel Albarrán ahora es acusada en tres denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el equipo de defensa del agresor, que corre a cargo del despacho jurídico de Gabriel Regino García.

En la primera de esas denuncias, la madre de las dos niñas agredidas es acusada por falsedad de declaraciones, por referir públicamente las relaciones personales de su ex marido con personas de influencia en el ámbito político y dentro del sistema judicial. En las otras se le acusa por violencia familiar, porque en una de las entrevistas de una de sus hijas, ésta refirió que tenía que revelarle a su madre urgentemente lo que pasaba o “me iba a dar un nalgadón”.

En la tercera denuncia que pesa contra Mariel, también con relación al delito de violencia familiar, se integró la querella porque en el dictamen médico practicado a las dos menores, se estableció que las lesiones vaginales que presentó la mayor de las niñas “ocurrieron bajo la custodia de la mamá”, cuando señala abiertamente a su padre como su agresor.

Tras la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal contra el magistrado agresor, la madre de las niñas corrió el último recurso que tiene: apeló a la decisión oficial, en espera de que un juzgado de control, del mismo poder judicial en el que se desempeñó el agresor, escuche sus razones y las de las dos víctimas para que este caso no quede impune, y para que no prevalezca el influyentismo por encima del estado de derecho.

REFERENCIAS

[1] López Valdez, Andrea Xóchitl, “La Denuncia de Delitos Sexuales. Camino Doblemente Victimizante, una Mirada desde las Víctimas de Violencia Sexual”, Revistas UNAM, Trabajo Social, Vol. 7, México, 2019. P. 74.

[2] Ídem.

[3] Martínez Manríquez Lucila, Congreso de Michoacán, Iniciativa con Proyecto de Decreto que Modifica Diversos artículos del Código Penal de Michoacán, En: http://congresomich.gob.mx/file/INICIATIVA-C%C3%93DIGO-PENAL.-LUCILA-MAR...

[4] Villegas Cornejo, Osvaldo, “Violación Equiparada y Violación Agravada por Ser la Víctima Menor de Quince Años. Diferencias Jurídicas y Fácticas”, Revista Ex Legibus, N° 9, Ciudad de México, octubre 2018, Pp. 353 a 361.

[5] Código Penal para el Distrito Federal, Capítulo VI, Violación, abuso sexual y acoso Sexual, cometido a menores de doce años de edad, Artículo 181 Ter, Fracción II y VIII, P.50.

[6] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Comunicado de Prensa, 13 de marzo de 2021, disponible En: https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2021-265

[7] Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Artículo 4, Competencia, Párrafo Segundo, P.2.

*Fotografía proporcionada por Mariel Albarrán.