Lucha anticorrupción, ¿sólo show mediático?

Abogados amigos me aseguraron ayer que todo el proceso del gobierno de Nuevo León contra Rodrigo Medina es solamente un “show mediático”, lo cual coincide con lo que afirma el también abogado Luis Manuel Garza en la columna de El Norte que aquí comparto.

Tal y como señalé al publicar la noticia de que un juez negó a Medina una suspensión definitiva del amparo que lo protegía para no comparecer a declarar por las acusaciones de corrupción en su contra, lo único que pido —seguramente al igual que miles de nuevoleoneses y mexicanos— es que se haga justicia en éste y todos los casos de corrupción que tanto dañan a nuestro país; aunque ante la larga historia de impunidad que hemos vivido, y ante las advertencias de los expertos, debemos mantener una sana desconfianza que nos impulse a seguir exigiendo justicia real y no más simulaciones persecutorias.

En el número de la revista Proceso de esta semana, el prestigioso analista Jesús Cantú coincide en el enfoque de Luis Manuel Garza, e inicia su colaboración con estas contundentes palabras: “Hasta hoy, dos meses después de que en Nuevo León se anunciara la llamada Operación Tornado, no es muy claro que el gobierno de Jaime Rodríguez tenga casos jurídicamente sólidos que permitan sancionar los presuntos delitos cometidos por el exgobernador Rodrigo Medina, sus familiares, amigos y excolaboradores”. (Recomiendo la lectura completa de este análisis, disponible aquí: liga)

Quienes decidimos apoyar la opción independiente para la gubernatura de Nuevo León, más que apostar por un personaje “folclórico”, apostamos por el despertar del hartazgo ciudadano que quiere poner un hasta aquí a la podredumbre de un sistema político cuyo fundamento son los pactos mafiosos de impunidad garantizada.

Es por todo esto que con todo derecho, hoy exigimos que se nos aclare cómo fue posible que a Ernesto Canales, uno de los principales defensores del principio de presunción de inocencia (y a su gran equipo de expertos) se le haya pasado por alto que la virtual amenaza de aprehensión por parte de un Juez de Control contra Medina le daría elementos para no comparecer.

¿Estamos realmente, como dice Luis Manuel Garza, ante un puro espectáculo que nos pone, a los nuevoleoneses “representados por la fiscalía anticorrupción”, en ridículo ante los tribunales?

¿Espera Jaime Rodríguez Calderón que nos conformemos con acusaciones mal integradas y simulaciones jurídicas que no llevarán a nada? ¿Piensa “El Bronco” que con esto le dará la ciudadanía el respaldo para su ansiada meta de ser presidente de México?

Lo que queremos los ciudadanos es ser efectivamente representados en este gobierno “independiente” y en la Fiscalía Anticorrupción, por personas capaces de poner un alto a la impunidad. No quedaremos conformes con sacrificar a los eslabones más débiles, para que al mismo tiempo se deje de enjuiciar o se exonere a alcaldes, personas destacadas de la Iniciativa Privada y funcionarios del más alto rango.

Sigamos organizańdonos para exigir justicia y no shows mediáticos.

Cristina Sada Salinas

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¿Qué sigue?

Luis Manuel Garza

03 Ago. 2016 / El Norte

La suspensión provisional concedida la semana pasada al ex Gobernador Rodrigo Medina dentro de un Juicio de Amparo, para evitar comparecer ante la justicia local, tuvo un sustento legal sólido, pues se basó en una jurisprudencia vigente desde diciembre de 2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En aquellas fechas, se resolvió por unanimidad que si un juez cita a una persona investigada por un delito a comparecer ante él para formularle imputación, y lo apercibe de que en caso de inasistencia se ordenará su aprehensión, se está violando con ello el derecho sustantivo a la libertad de movilidad de la persona apercibida, lo cual resulta inconstitucional.

"Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión", dice parte de la jurisprudencia.

En castellano y aplicado al caso de Rodrigo Medina, lo anterior significa que cuando el Juez de Control citó al ex Gobernador, a petición del Ministerio Público, debió abstenerse de apercibirlo -amenazarlo en el mundo jurídico- de que en caso de inasistencia, ordenaría su aprehensión.

Esto no solamente como consecuencia de la citada jurisprudencia, la cual resulta obligatoria para todas las autoridades desde su emisión, sino porque estamos ante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual tiene como uno de sus principios rectores el de la "presunción de inocencia", mismo que Ernesto Canales conoce perfectamente, pues lo llevó hasta la pantalla grande.

"Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013", reza al final de la publicación de la jurisprudencia 2005048 (que puede consultar en elnorte.com/jurisprudencia), misma que al parecer solamente los abogados de Medina conocían.

Dicen que hasta al mejor cazador se le va la liebre, pero eso de que la existencia de ese criterio obligatorio le haya pasado de noche a todo el equipo de la Fiscalía Anticorrupción estatal puede dar lugar hasta para pensar que se trata de un pleito tan arreglado como los de la lucha libre.

Porque la negativa de la suspensión definitiva de ayer a Rodrigo Medina no constituye ningún triunfo jurídico para el equipo gobiernista, pues el motivo que dio el juez en su fallo fue que la fecha de la audiencia en que había sido citado el ex Gobernador ya había transcurrido, lo cual es motivo suficiente hasta para dar por concluido dicho juicio de amparo mediante un sobreseimiento.

Entonces los nuevoleoneses, supuestamente representados por la Fiscalía Anticorrupción, estamos haciendo el ridículo en los tribunales, al tiempo que sigue sin cristalizarse ninguna de las promesas de campaña del actual Gobernador Rodríguez Calderón.

¡Las vueltas que da la vida!

Tantos años de esfuerzo de Ernesto Canales para implementar los juicios orales -que como ya hemos visto privilegian los derechos humanos de los delincuentes por sobre la paz y tranquilidad de los humanos derechos-, para terminar hoy siendo víctima de la ineficiencia de un sistema sobrevalorado y para el cual los mexicanos no estamos preparados.

¿Qué sigue? Más show mediático, ya lo verá.

lugarza@lmgabogados.com